Un total de 86 familias de las veredas Abasticos y Caraza resultaron afectadas tras la remoción en masa registrada en el kilómetro 18+500 de la vía Bogotá–Villavicencio, evento que ocasionó graves daños a la infraestructura vial, viviendas y, especialmente, a la red de distribución de agua potable.
La situación obligó a la Alcaldía de Chipaque a declarar la calamidad pública mediante el Decreto 068 de 2025, activando un plan de acción interinstitucional para atender la emergencia. Actualmente, las familias afectadas enfrentan un suministro intermitente de agua potable, con un caudal captado de apenas 3 litros por segundo.
Plan de acción inmediato
Con el liderazgo de Empresas Públicas de Cundinamarca (EPC), como gestor del Plan Departamental de Agua (PDA), y en articulación con la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres (UAEGRD) y la administración municipal, se definió una estrategia de intervención a corto plazo que incluye:
Se apoyó con el préstamo de un carrotanque por parte de EPC, con el fin de garantizar la entrega de agua potable a la comunidad entre el 11 y el 13 de septiembre de 2025.
Entrega de materiales para la rehabilitación de la red:
- 300 metros de manguera PEAD de 1 ½” para la vereda Abasticos.
- 300 metros de manguera PEAD de 1 ½” para la vereda Caraza. 6 uniones rápidas para manguera de 3”. 6 uniones rápidas manguera de 1.½”
- Apoyo con tanques de almacenamiento: 30 aportados por EPC y 30 por la UAEGRD, para un total de 60 tanques de 1.000 litros que garantizarán el acceso al agua mientras se desarrollan las obras.
- Apoyo complementario: 60 kits de aseo y 60 kits alimentarios entregados por la UAEGRD.
- La entrega oficial de suministros está programada para el 27 de septiembre de 2025 a la 1:00 p.m. en la vereda Caraza.
Gestión y compromiso de EPC
La emergencia evidenció la importancia del trabajo articulado entre los municipios y EPC. Gracias a la coordinación del PDA, EPC no solo garantiza la llegada de insumos estratégicos como mangueras y tanques, sino que acompaña a las autoridades locales en la planeación y ejecución de las soluciones técnicas que permitirán restablecer el servicio.
Este esfuerzo se enmarca en la misión de garantizar agua con calidad, cobertura y continuidad para los cundinamarqueses, asegurando que, incluso en contextos de calamidad, el derecho fundamental al agua sea protegido.